Por: José David Name
Senador de la República
El
Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, sorprendió al país esta
semana al anunciarle al Director del INPEC, General Jorge Luis RamírezAragón y
a la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que habría que suspender las
capturas en por lo menos 9 de los 32 Departamentos del país, debido al
hacinamiento de reclusos en las “carceletas” de varias Unidades de Reacción
Inmediata (URI).
La noticia corrió como reguero de pólvora
debido a la gravedad que entraña semejante anuncio, más aún, teniendo en cuenta
que provenía del Jefe del máximo ente acusador en Colombia, a lo que se le suma
el inocultable impacto que tendría para la seguridad ciudadana la puesta en
practica de tan preocupante advertencia.
En efecto, en las salas de
paso o “carceletas” de las URI permanecen 1.023 personas pese a que la
capacidad de esos sitios es de apenas 663, según la carta del Fiscal, en la que
se refiere a 9 de los 32 Departamentos, entre ellos Atlántico, La Guajira,
Nariño y Norte de Santander.
Pero a las afirmaciones que
contiene la misiva del Fiscal se han sumado una serie de hechos que han venido
caracterizando episódicamente a la justicia en nuestro país, como son las
órdenes de libertad por vencimiento de términos, para reconocidos delincuentes
que en ciudades como Barranquilla siembran el terror y controlan a comunidades
enteras.
Según registros del mes de
marzo del presente año, publicados en el Diario EL HERALDO, en solo 8 meses
salieron 259 reos, tras la aplicación de medidas para combatir el hacinamiento
en las cárceles colombianas; medidas que fueron dispuestas por la Ley 1760 del
6 de julio de 2015 (Artículo 137 numerales 4, 5 y 6), “Por medio de la cual se
modificó parcialmente la Ley 906 de 2004 y la Ley 1786 de julio de 2016 “Por
medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”.
Sin embargo, según el
registro de prensa, en aquel período 259 personas salieron en libertad por
vencimiento de términos, pero 650 individuos fueron encarcelados, lo que en la
indiscutible lógica de las matemáticas equivale a que aumentó el número de
internos en las cárceles.
Así las cosas, observamos
que el hacinamiento invocado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez como una
amenaza contra las órdenes de captura, en la lucha contra la delincuencia, y al
mismo tiempo las normas legales establecidas para menguar el hacinamiento, se
han convertido en una especie de círculo vicioso que encierra a dos obstáculos
para la Justicia y el Orden en el país, como son el hacinamiento y el
vencimiento de términos.
A ello le agregamos la
falta de decisión del INPEC para la construcción de nuevas cárceles, pese a los
anuncios realizados desde el año 2016; que en muchos casos han sido ahogados
por el rechazo de las comunidades cercanas a los puntos escogidos para las
construcciones de las denominadas mega cárceles, mientras crece la población
carcelaria y el hacinamiento que en la actualidad se calcula, en promedio, en
un 54% según datos del INPEC.
Tales problemas, ligados
con los presuntos actos de corrupción en la rama judicial, en todos sus
niveles, ampliamente conocidos por la ciudadanía, nos muestran un panorama
incierto para el control de la criminalidad en el país y una justicia inviable
por las condiciones propias de su entorno y de algunos reductos de su aspecto
interno.
Pese a todo ello sería
ilógico e injusto vaticinar en tono trágico que como consecuencia de todo lo
anterior podría resultar imposible cumplir con el mandato constitucional de
velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de los
ciudadanos, ante una sociedad que espera todo lo contrario y que es víctima del
temor que produce tan espantoso panorama.
Por eso considero en mi condición de
Congresista, pero más como ciudadano, que ante este hecho que no hace distingos
de ninguna clase, se impone el deber nacional y patriótico de avanzar en la
dirección correcta, tanto el Gobierno como los partidos políticos y los
ciudadanos, hacia una verdadera reforma a la justicia.
La consigna no puede ser otra que consolidar, mediante una
reforma de fondo e integral, un sistema judicial que garantice la seguridad
ciudadana y que vele por la resocialización de quienes han caído en las garras
del delito. Una justicia ideal que no resultará imposible de lograr si nos
ponemos de acuerdo, declinando cualquier condición partidista o ideológica,
pensando en el bien de todos los colombianos. Hay más.-
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