La estructura habría estado
conformada por los siguientes dirigentes, servidores y ex servidores públicos
de elección popular, así:
Candidatos al Congreso: Aida
Merlano y Lilibeth Llinás
Dirigentes políticos
regionales:
Jorge Rangel, Diputado del
departamento del Atlántico
Margarita Balén, Diputada del
departamento del Atlántico
Juan Carlos Zamora, Concejal
del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Bravo, Concejal
del distrito de Barranquilla
Aissar Castro Reyes,
exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
Vicente Támara, ex Concejal
del municipio de Soledad
Líderes:
Según lo evidenciado por la
Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que
habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos
se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los
candidatos., lo que constituye un delito nuevo
Financiación de la empresa criminal
La red contaba con al menos
dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en
evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema
sistémico.
En la pública, habrían
existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos
beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”.
En la privada, se
identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que
fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de
ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de
febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de
pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en
efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos
($500’000.000).
Dado el volumen de las sumas
recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y
hasta en la “bañera” de la edificación.
Debe tenerse en cuenta que el
monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad
electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000)
(Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral)
Nuevos delitos
Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de
conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en
dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017:
Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales
(artículo 396 B del Código Penal)
Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal)
Imputados Fase I
Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en
flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de
corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir
agravado, respecto de tres de ellos:
Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.
Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y
Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto
para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz
Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento
público y corrupción al sufragante.
Imputados Fase II
Con base en el recaudo probatorio
de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de
servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes
delitos:
A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth
Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en
concurso homogéneo y sucesivo.
A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los
delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso
homogéneo y sucesivo.
A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos
Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de
sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de
concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y
sucesivo.
Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha
que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los
delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte
(20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se
dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.
En fecha que también será señalada por el centro de servicios de
Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para
delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la
logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.
Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de
imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad
en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el
cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.
Compulsa de copias
El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte
Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito
de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.
En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional
Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las
candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás
Interrogatorio a financiadores
El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a
los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su
presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.
COMPRA DE VOTOS AL SENADO EN CIÉNAGA, MAGDALENA
Durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés
Lora Ávila, quien portaba casi siete millones de pesos ($7´000.000) en
efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al
candidato al Senado, Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara. El
laboratorio forense de la Fiscalía acaba de producir los primeros informes,
como resultado del análisis del celular que portaba este capturado.
En el mismo se recuperaron conversaciones vía chat en las que mencionaba
el nombre de varias personas, entre las que figuran varios dirigentes políticos
y terceros, que darían cuenta de la existencia de conductas cometidas con
el propósito de comprar votos.
El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz – conocido como “el
Nene Pérez” – una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando
Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena.
Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía
y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado: “Sergio
Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política.
Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay posibilidad de no judicializarlo?”.
También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián
Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de
policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de
judicialización.
En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte
de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte del día de
elecciones, suscrito con el entonces candidato al senado Fabián Castillo, en el
que se comprometía a prestar ese servicio en Magdalena. El fiscal de
conocimiento concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto
que aparecen placas de vehículos que no existen.
La información permitiría indicar la existencia de una organización
dedicada a la compra de votos, que compromete a un mayor número de líderes y
dirigentes locales. Hay más.-
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