Cámara de Representantes, dicha sala sí podía practicar pruebas pero las necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, ya había quedado claro que no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición. Puntos que requerirán de un proceso de conciliación, convocado para después de la medianoche de hoy miércoles.
Superada esa discusión, y con un punto en contra del
gobierno, el debate se trasladó al procedimiento especial para los militares y
policías que se acogerán a la justicia transicional por
cuenta de su participación -directa o indirecta- en el conflicto armado.
Nuevamente, la senadora Valencia hizo valer la gobernabilidad del nuevo
presidente e insistió en que a los uniformados se les debe crear una especie de
un nuevo mecanismo que deberá ser reglamentado dentro de, máximo, año y medio.

El coordinador ponente del
lado del gobierno, el senador Roy Barreras (la U), alertó que este artículo
podría dejar las puertas abiertas para que la Corte Penal Internacional intervenga
en Colombia, y se apersone de los casos de los miembros de la Fuerza Pública
con responsabilidad en el conflicto interno. "¿Vamos a dejar 18 meses a la espera de qué? ¿De la
inconstitucionalidad? ¿Del limbo?", insistió Barreras, cuyo
argumento fue acompañado por el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas.
En ese sentido, el jefe de
dicha cartera ministerial recordó la carta que, este miércoles más temprano,
recibió la legisladora de manos de la cúpula militar en la que le afirmaban
sentir las suficientes garantías jurídicas con el proyecto que había puesto a
consideración el gobierno al Congreso. "Poner ese plazo para inventarse un nuevo procedimiento y
que escojan si van o no es una incertidumbre injusta. Nuestras tropas han dicho que las disposiciones
ofrecen convicción sobre la seguridad jurídica que puede brindar la JEP a las
Fuerzas Armadas de Colombia, y eso no se puede desconocer", señaló
Villegas.
Sobre lo aprobado, el máximo
dirigente del nuevo partido FARC, Rodrigo Londoño, pidió a la Corte
Constitucional pronunicarse en contra de lo aprobado en la plenaria del Senado,
argumentando que contrarían el Acuerdo de Paz y la Constitución Política. El
propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el alto tribunal
tendrá que contrastar esos dos artículos avalados. No obstante, reconoció que
el Legislativo haya dado este paso para aprobar el procedimiento de la JEP. Tomado de El Espectador. Hay más.-
Las partes en conflicto sin que la una o la otra pretendan ventajas tienen que poner cada una su parte. Volver a transitar libremente por los caminos de Colombia es el objetivo. La paz la meta. Hay más.-
ResponderEliminarEstamos de acuerdo?. Me comentas. Hay más.-
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