martes, 9 de octubre de 2018

Protección contra abusadores en Redes Sociales - amadoucrosnoticias.blogspot.com -

Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Presidente de la Comisión V
El aumento de colombianos registrados en las distintas redes sociales ha arrastrado consigo un sinnúmero de víctimas de difamaciones en las distintas plataformas.  Cada día son más las personas inocentes a las que les han destruido su reputación por la divulgación de informaciones falsas en internet, ocasionándoles perjuicios personales y profesionales que atentan directamente contra el derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre. 
Manifestaba por estos días el reconocido sacerdote eudista Alberto Linero, tras la renuncia pública a su ejercicio pastoral, hecho que generó toda clase de comentarios y memes en las redes sociales, que “Hay gente especializada en acabar con la buena fama, con el buen nombre de los demás” y en su reflexión decía que “Hay que cuidar la dignidad, el buen nombre, la imagen de los demás” y señalaba además que “De lo más dañino que hay en las redes sociales es esa actitud de querer destruir la dignidad de los otros, de querer dañar el buen nombre de los demás”.
Este caso lo traigo a colación, para ilustrar uno de los tantos episodios que se ventilan de manera injuriosa y calumniosa en internet, a través de las redes sociales, en su gran mayoría al amparo del anonimato que facilitan los alias o las suplantaciones, bajo la protección de la impunidad que permite la falta de una legislación que combata con firmeza esos abusos.
Una muestra de los desenfrenados e injustos ataques contra el buen nombre de las personas en las redes sociales en Colombia, se refleja en las cifras reportadas en el 2017 por el Centro Cibernético Policial que indicaban que desde el 2014 hasta el 8 de agosto de 2017 se habían tramitado 3.653 reportes de injuria y calumnia a través de redes sociales, datos correspondientes a un subregistro, debido a que mucha gente no reporta ni denuncia estos ataques.  Por otro lado, según las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), durante ese mismo año solo se formalizaron 602 denuncias por injuria y 287 por calumnia en redes sociales ante la Policía Nacional. 
Tales hechos atentan abiertamente contra derechos fundamentales, como lo son el derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre.  A pesar de esto no existe una Ley con aplicación exclusiva y drástica sobre los abusadores virtuales que vía internet violan las normas constitucionales y el código penal que impone para quienes cometan injuria condenas de hasta 4 años de cárcel y multas de hasta 1.500 salarios mínimos y para la calumnia la condena puede llegar hasta los 6 años de cárcel.
No podemos ignorar que el reclamo de las víctimas de injuria y calumnia en las redes sociales ha chocado en reiteradas oportunidades con los defensores del derecho a la libertad de expresión, quienes con apego a la letra exhortan al cumplimiento de las garantías determinadas por el contenido del derecho a la libre expresión. 
Sobre este aspecto, es importante aclarar que el objetivo de nuestra propuesta no es censurar y mucho menos silenciar las opiniones serias y críticas, sino el de proteger de manera oportuna a los usuarios de internet ante publicaciones abusivas que atenten contra sus derechos. 
El proyecto de ley que radicaremos en los próximos días en la Secretaria del Senado, tiene como principal objeto crear medidas rapidas que eviten la difusión de informacion injuriosa y que brinde castigo a los abusadores en las redes sociales, quienes de manera caprichosa e infame expresan y reproducen expresiones insultantes, calumniosas e injuriosas contra las personas, sean personajes públicos, del sector privado, del mundo de la farándula o ciudadanos sin exposición en los medios. 
Con este proyecto de ley buscaremos brindarle al país esos mecanismos que urgen para ejercer un mayor control sobre la publicación de contenidos en la web, respetando ante todo los límites impuestos por la Corte Constitucional y por los convenios internacionales relacionados con la protección al derecho a la libre expresión, que también es un derecho fundamental y prevalece en la mayoría de situaciones.
Próximamente, estaré contándoles sobre los avances de esta iniciativa en el Congreso de la República, que esperamos reciba el respaldo de las mayorías para que de esta manera podamos garantizarle a los colombianos la protección de su buen nombre en las redes sociales. 
ay más.- 

martes, 2 de octubre de 2018

Una reforma integral a la Justicia - Senador Name - amadoucrosnoticias.blogspot.com - bp -



Por: José David Name

Senador de la República


La noticia corrió como reguero de pólvora debido a la gravedad que entraña semejante anuncio, más aún, teniendo en cuenta que provenía del Jefe del máximo ente acusador en Colombia, a lo que se le suma el inocultable impacto que tendría para la seguridad ciudadana la puesta en practica de tan preocupante advertencia.
En efecto, en las salas de paso o “carceletas” de las URI permanecen 1.023 personas pese a que la capacidad de esos sitios es de apenas 663, según la carta del Fiscal, en la que se refiere a 9 de los 32 Departamentos, entre ellos Atlántico, La Guajira, Nariño y Norte de Santander. 
Pero a las afirmaciones que contiene la misiva del Fiscal se han sumado una serie de hechos que han venido caracterizando episódicamente a la justicia en nuestro país, como son las órdenes de libertad por vencimiento de términos, para reconocidos delincuentes que en ciudades como Barranquilla siembran el terror y controlan a comunidades enteras.
Según registros del mes de marzo del presente año, publicados en el Diario EL HERALDO, en solo 8 meses salieron 259 reos, tras la aplicación de medidas para combatir el hacinamiento en las cárceles colombianas; medidas que fueron dispuestas por la Ley 1760 del 6 de julio de 2015 (Artículo 137 numerales 4, 5 y 6), “Por medio de la cual se modificó parcialmente la Ley 906 de 2004 y la Ley 1786 de julio de 2016 “Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”.
Sin embargo, según el registro de prensa, en aquel período 259 personas salieron en libertad por vencimiento de términos, pero 650 individuos fueron encarcelados, lo que en la indiscutible lógica de las matemáticas equivale a que aumentó el número de internos en las cárceles.
Así las cosas, observamos que el hacinamiento invocado por el Fiscal Néstor Humberto Martínez como una amenaza contra las órdenes de captura, en la lucha contra la delincuencia, y al mismo tiempo las normas legales establecidas para menguar el hacinamiento, se han convertido en una especie de círculo vicioso que encierra a dos obstáculos para la Justicia y el Orden en el país, como son el hacinamiento y el vencimiento de términos.
A ello le agregamos la falta de decisión del INPEC para la construcción de nuevas cárceles, pese a los anuncios realizados desde el año 2016; que en muchos casos han sido ahogados por el rechazo de las comunidades cercanas a los puntos escogidos para las construcciones de las denominadas mega cárceles, mientras crece la población carcelaria y el hacinamiento que en la actualidad se calcula, en promedio, en un 54% según datos del INPEC.
Tales problemas, ligados con los presuntos actos de corrupción en la rama judicial, en todos sus niveles, ampliamente conocidos por la ciudadanía, nos muestran un panorama incierto para el control de la criminalidad en el país y una justicia inviable por las condiciones propias de su entorno y de algunos reductos de su aspecto interno.
Pese a todo ello sería ilógico e injusto vaticinar en tono trágico que como consecuencia de todo lo anterior podría resultar imposible cumplir con el mandato constitucional de velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de los ciudadanos, ante una sociedad que espera todo lo contrario y que es víctima del temor que produce tan espantoso panorama.
Por eso considero en mi condición de Congresista, pero más como ciudadano, que ante este hecho que no hace distingos de ninguna clase, se impone el deber nacional y patriótico de avanzar en la dirección correcta, tanto el Gobierno como los partidos políticos y los ciudadanos, hacia una verdadera reforma a la justicia. 
La consigna no puede ser otra que consolidar, mediante una reforma de fondo e integral, un sistema judicial que garantice la seguridad ciudadana y que vele por la resocialización de quienes han caído en las garras del delito. Una justicia ideal que no resultará imposible de lograr si nos ponemos de acuerdo, declinando cualquier condición partidista o ideológica, pensando en el bien de todos los colombianos. Hay más.-